Aunque la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece que la gestión, mantenimiento e instalación de semáforos corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) intervino de emergencia el sistema semafórico de San Cristóbal tras más de seis meses de fallas críticas.
Durante ese período, ciudadanos y transportistas denunciaron repetidamente intersecciones sin regulación, semáforos apagados, y accidentes de tránsito que pudieron evitarse con una infraestructura adecuada. Sin embargo, las autoridades municipales no ofrecieron soluciones concretas.
Una investigación de campo revela que, desde 2023, la Alcaldía de San Cristóbal no había presentado ningún plan de mantenimiento o mejora para la red semafórica, y que los contratos de soporte técnico y eléctrico vencieron hace más de un año. La intervención del Intrant, ordenada por el presidente Luis Abinader, puso en evidencia un vacío institucional que ha obligado al Gobierno central a suplantar funciones locales, abriendo un debate sobre descentralización, capacidad operativa y negligencia edilicia.